El Estado elimina el requisito de titulación superior para optar a plazas de funcionariado
El Consejo de Ministros del Gobierno central ha aprobado hoy un real decreto en el que se expone la eliminación de la exigencia de tener un título universitario o superior, lo que permitirá a personas con formación de nivel educativo medios desempeñar empleos públicos. La medida empezará a aplicarse a partir de la convocatoria de oposiciones correspondiente al año 2022.
El objetivo de la medida es hacer más accesible el trabajo público a una amplia franja de la población que, aún cuando tienen habilidades y conocimientos adecuados, no disponen de recursos para proseguir estudios superiores por causas económicas o familiares y, por consiguiente, quedan excluidos de los procesos selectivos de la Administración.
La iniciativa se encuadra en un planteamiento global de renovación de los procedimientos de selección en la administración pública, para hacerlos más ágiles y democratizar el acceso a los puestos de trabajo. La innovación de permitir el acceso a la función pública, con estudios de nivel educativo no superior, simplificará el trámite en la carrera profesional de miles de profesionales comprometidos con el servicio público.
Eso sí, se ha indicado que el nivel académico exigido de los candidatos a puestos de funcionario tampoco será nulo. Cada puesto de trabajo podrá incluir, según cada caso, requerimientos particulares de conocimientos técnicos o habilidades precisas que condicionen el tipo de formación requerida para ejercerlo.
Oportunidades para quienes deseen una carrera en la función pública
Los grupos políticos de la oposición han acogido favorablemente la noticia como una oportunidad para amplios sectores poblacionales y han aplaudido la política de los actuales gobernantes de democracia en el acceso y gestión de los recursos públicos. La decisión del Estado españolas sigue en la misma línea de otros países de la Unión Europea, donde desde hace años se apuesta por la apertura y la diversidad en la captación de nuevos empleados así como la diversificación de perfiles.
Esta medida introduce un cambio relevante en la dinámica laboral en nuestro país, porque amplía de manera notable las opciones de acceso a la vida laboral en el ámbito público a quienes no dispongan de una titulación universitaria. Queda por ver cómo los aspirantes aprovecharán sus habilidades y conocimientos ya adquiridos, en su búsqueda de plaza en la administración pública.
El papel de la educación en la búsqueda de una carrera profesional
La cuestión de la educación es una de las más relevantes en la sociedad actual. Desde hace años, los países han venido apostando por la vinculación entre formación y empleabilidad, y, de hecho, la formación es uno de los recursos más utilizados por los ciudadanos para mejorar la calidad de su vida laboral.
La buena noticia es que, aunque no se tenga un título universitario, esto no será obstáculo para desempeñar un puesto de trabajo en la función pública. El Estado está reconociendo la formación y habilidades adquiridas por los ciudadanos y sabe que pueden ser un recurso muy valioso en la administración pública.
En todo caso, sin embargo, sigue siendo muy importante que todos los ciudadanos lleven a cabo una formación de calidad, de modo que puedan ser lo mejor posible en su desempeño profesional, y ser así recursos valiosos para el desarrollo económico y social del país. Una educación de calidad ayuda tanto a las personas como a las empresas y a la sociedad en su conjunto.
Este aporte del Estado a la simplificación de los procesos de selección y al acceso al empleo público de amplios sectores poblacionales puede arrojar muchos beneficios a la sociedad y abrir un camino a la recuperación económica del país.