La polémica en torno al test de embarazo que la Guardia Civil exige a las mujeres que quieren ingresar en el cuerpo de seguridad ha sido objeto de controversia en las últimas semanas. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha cuestionado la medida, preguntándose si supone una «intromisión» a la privacidad de las aspirantes.
AUGC señala que el uso de estos test es discriminatorio y que vulnera los derechos de las mujeres que deciden ser madres en un futuro próximo. La asociación también ha denunciado que esta práctica es contraria a la legalidad, y ha exigido a la Dirección General de la Guardia Civil que rectifique y retire esta medida.
¿Qué dice la Guardia Civil al respecto?
La Guardia Civil, por su parte, ha defendido su política de realizar pruebas de embarazo a las mujeres que quieren unirse a sus filas. En un comunicado emitido recientemente, la institución argumenta que esta medida ayuda a prevenir problemas médicos que podrían poner en peligro tanto la salud de las aspirantes como la de sus futuros hijos.
Además, la Guardia Civil destaca que esta política es común en otros cuerpos de seguridad públicos y que tiene como objetivo garantizar la seguridad y salud de los propios agentes, así como de la ciudadanía en general.
Las críticas de AUGC no son las únicas que ha recibido la Guardia Civil por su política de test de embarazo. Varias organizaciones de mujeres y derechos humanos han denunciado que este tipo de pruebas son discriminatorias, ya que afectan exclusivamente a las mujeres y no a los hombres que quieran ingresar en el cuerpo.
¿Qué dice la ley sobre el uso de test de embarazo?
En términos legales, no existe ninguna ley que prohíba la realización de test de embarazo en este tipo de procedimientos de selección. No obstante, las organizaciones de derechos humanos han afirmado que este tipo de políticas vulneran los derechos a la intimidad y no discriminación, recogidos ambos en la Constitución española.
Además, la propia Ley de Igualdad de Género establece que no se pueden establecer requisitos de selección o acceso que supongan una discriminación por razón de género.
Ante esta situación, diversas organizaciones y activistas han exigido a la Dirección General de la Guardia Civil que reconsidere su política de test de embarazo y la retire para garantizar el respeto a los derechos de las mujeres.