Las pensiones de jubilación podrán ser embargadas y suspendidas
Una nueva reforma en materia de pensiones ha sido aprobada por el Congreso de los Diputados en España. La reforma en cuestión afecta a aquellos trabajadores jubilados que deben una cantidad importante de dinero a Hacienda o a otros acreedores, ya que permitirá el embargo y la suspensión de sus pensiones.
Esta medida ha generado cierta polémica entre los jubilados, quienes temen que sus ingresos se vean afectados por el embargo de sus pensiones. Sin embargo, el Gobierno ha sido claro al señalar que esta medida solo se aplicará en casos excepcionales y en aquellos en los que se haya agotado cualquier otro tipo de recurso.
En este sentido, cabe destacar que las pensiones de jubilación podrán ser embargadas y suspendidas, pero en ningún caso podrán ser retiradas de manera definitiva ni ser irrenunciables. Es decir, una vez que se haya satisfecho la deuda pendiente, la pensión volverá a ser efectiva en su totalidad.
La medida, según los expertos, permitirá que los trabajadores jubilados puedan acceder a diferentes productos financieros y servicios bancarios que, en algunos casos, les habían sido denegados debido a su situación de impago. Además, también se espera que la nueva normativa contribuya a combatir la economía sumergida y a incrementar la recaudación de impuestos.
La opinión de los expertos
Muchos expertos se han manifestado en los últimos días a favor de la medida, ya que consideran que puede ser de gran utilidad para frenar la evasión fiscal y para reducir el número de impagos entre los trabajadores jubilados.
Sin embargo, también hay ciertos detractores de la iniciativa, quienes señalan que puede poner en riesgo la estabilidad financiera de muchos jubilados y que, en algunos casos, puede resultar excesivamente gravosa para aquellos mayores que no disponen de otros ingresos más allá de sus pensiones.
En cualquier caso, lo cierto es que esta reforma en materia de pensiones abre un interesante debate en torno a las medidas necesarias para garantizar la solidez del sistema de pensiones español y para proteger los derechos y las oportunidades financieras de los trabajadores jubilados.